El martes 4 de septiembre, el Concejal y portavoz del PP en Buñol, Marcial Díaz Garrigues declara como INVESTIGADO -la antigua figura jurídica del “imputado”.- en los juzgados de Valencia, después de dos años de investigación por el fraude en la adjudicación de ayudas europeas, a través de un entramado de asociaciones y una fundación, con la utilización de la figura del Grupo de Acción Local.

La investigación comienza en junio de 2014, cuando la entonces diputada socialista en las Cortes Valencianas, Vicenta Crespo, junto a los secretarios locales del PSPV-PSOE de Buñol y Yátova respectivamente, presentaron una denuncia ante la fiscalía de Valencia por irregularidades en la gestión de Fondos de Desarrollo Rural procedentes de la Unión Europea.

A partir de ese momento la Funcionaria, que destapó en primera instancia las múltiples irregularidades, interpone una demanda penal contra los antiguos responsables de la CONSELLERÍA de Agricultura y desarrollo rural. La que dio el visto bueno a todos los expedientes tramitados por los diferentes grupos de acción rural. Y se aporta como modelo de prevaricación administrativa toda la documentación encontrada del grupo de acción local de esta comarca.

Entonces la estrategia del Partido Popular, era negar la evidencia y acusar de mentir y difamar a las personas que en representación de todos los socialistas de la comarca denunciaron públicamente lo que hoy se está enjuiciando.

Hoy se ha sentado delante del Juez, Fiscal y Acusación, Marcial Diaz Garigues, que se ha acogido a su derecho a NO declarar. Los socialistas de la comarca, no podemos entender esta posición de no colaboración y de no esclarecimiento de los hechos. Hoy es cuando el portavoz que pretende dar lecciones de transparencia y democracia, debería haber sido coherente con lo que exige y no practica:
Era la oportunidad de explicar todos los gastos que siguen sin justificar. Aportar todas las cuentas, que siguen sin aparecer. Dar luz a la oscuridad de la fundación. Aclarar todos los movimientos de la retirada de efectivo de las cuentas.

Todos los vecinos de esta comarca tenemos el derecho de conocer el destino del último céntimo gestionado durante todos estos años.

A Marcial le puede preocupar poco, según sus palabras en prensa, pero a los socialistas, a la Oficina Antifraude de la Unión Europea, a la fiscalía, a la justicia en general y a todos los empresarios, autónomos, agricultores, asociaciones y vecinos de esta comarca que han visto vulnerados sus derechos a recibir ayudas, puede preocuparles bastante más.